I CONGRESO PARAGUAYO DE CIENCIAS SOCIALES

El sistema político y las prácticas políticas en el marco del Estado no es la misma que marcó los siglos XIX y XX. El Estado es una entidad crecientemente supeditada a los dictados del mercado y sus entroncamientos la redefinen económica, social e institucionalmente.

Acaecieron cambios importantes en perspectiva de la relación entre sociedad y estado, en la forma y contenido de las políticas públicas, los cuales se vieron reflejados en los diagnósticos, implementación y evaluación de las mismas.  Al respecto, son recurrentes los análisis que erigen al Estado como una entidad que dispone de una lógica propia, distinguida de las necesidades y demandas de los habitantes de una nación. La autonomía relativa del poder público, como lo plantearon Weber y Gramsci, indica los alcances y límites del Estado para hacerse eco de las dinámicas sociales y políticas que configuran su entorno institucional. Esta autonomía constituye un punto en disputa dado que es la condición de posibilidad de que la administración y el poder institucional sean capturados por sectores sociales para su propio beneficio, así como constituye también la condición del diseño y aplicación de acciones que traduzcan beneficios de interés colectivo o la construcción de los bienes públicos.

El abordaje del poder requiere el análisis de las relaciones entre los actores sociales, económicos y políticos y sus interacciones con el Estado, que no se agotan en el sistema político que opera como mediación institucional. En este sentido, la reflexión sobre la democracia en tanto régimen que regula la relación entre gobernantes y gobernados, exige en la actualidad dar cuenta de la crisis de la representación, que no agota la forma democrática de relación entre los miembros de la comunidad política y que en muchos casos, incluso, limita otras formas posibles. Esto implica, por lo tanto, que el sistema político es una condición necesaria pero no suficiente del ejercicio de la política bajo la moderna forma estatal, planteándose una constante tirantez entre las formas no institucionales de participación política, en especial las que traducen acciones colectivas –colectividades espontáneas, organizaciones gremiales y movimientos sociales– para la tramitación de demandas y el reconocimiento de derechos que se ven afrentados no sólo por el mismo Estado sino por actores sociales y económicos con fuerte poder de veto y oposición a la profundización del proceso democrático.

Particular interés reviste en este marco, el análisis de la comunicación social, entendida como un campo en el que se entrelazan relaciones de poder, intereses empresariales y pretensiones de hegemonía, definidos en su conjunto según la capacidad de acciones colectivas por la democratización de la comunicación de parte de las organizaciones sociales y las comunidades locales, así como la búsqueda de regulación por parte del poder público de la injerencia de los medios privados en la vida pública y la institucionalidad democrática. El análisis y discusión de esta dimensión se hace relevante para articular líneas de pensamiento y marcos teóricos-metodológicos que tengan por objeto la de-construcción del discurso mediático dominante, el análisis de los diferentes tipos de medios, la relación entre las formas comunitarias y alternativas de comunicación y la construcción concreta e imaginaria de la ciudadanía política.

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